Detective y cámaras ocultas
A pesar de que existe cierta polémica en el uso de las cámaras ocultas por parte de los detectives privados, la relativa legislación y la jurisprudencia son claras al respecto y su utilización es perfectamente legal y lícita por parte de los profesionales de la investigación, que pueden utilizar la información obtenida en forma de prueba si tienen los conocimientos adecuados.

Cómo son las cámaras ocultas que usamos en la investigación
Las cámaras ocultas son pequeños dispositivos de grabación que se pueden instalar fácilmente en zonas donde pasen desapercibidas y no sean fácilmente localizables. En ocasiones, incluso es posible que la lleve incorporada el profesional en un bolso, en el botón de una prenda, en un bolígrafo, etc.
Eso sí, para su uso y aprovechamiento, ya sea por una investigación o por video-vigilancia, es necesario que sea un profesional acreditado quien las instale para que las pruebas obtenidas sean válidas.
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La legalidad de las cámaras ocultas
Un detalle que suele inquietar a los usuarios a la hora de contar con cámaras ocultas es la legalidad. ¿Son legales o no lo son? En realidad, el uso está bien legislado en la actualidad, aunque las alusiones son escasas.
Si se pretende instalar una cámara oculta en una vivienda privada, es condición que uno de los propietarios del inmueble dé su consentimiento expreso. No se puede instalar sin este documento, a no ser que exista una orden judicial, en cuyo caso sí se podría proceder con dicha instalación.
No obstante, la normativa cambia cuando nos referimos a las empresas. En ese caso, se pueden instalar las cámaras siempre que se respete la intimidad y la dignidad del empleado. Es decir, no es lícito ni legal ponerlas, por ejemplo, en un vestuario, en un aseo o en un lugar donde se vulnere la intimidad de las personas.
Sin embargo, un empresario que quiera instalar cámaras ocultas en su compañía no necesita el consentimiento de los empleados siempre que, como hemos comentado, no vulnere sus derechos y dignidad.
En el caso de que las cámaras ocultas se deban instalar en el contexto de una investigación privada, se ha de probar que existe una finalidad clara y concreta. Es decir, se ha de justificar la acción probando que hay dudas serias, por ejemplo, de que la empresa o el particular sufre robos, daños, hurtos, etc.

El uso de las grabaciones con cámara oculta como prueba
Las grabaciones obtenidas con cámaras ocultas deben cumplir ciertos requisitos para que sean aceptadas como prueba ante un juez. Veamos:
- La grabación no atentará contra derecho alguno reconocido en la Constitución.
- Solo se aportarán, como hemos observado, en caso de que no haya otra forma de lograr pruebas que demuestren daños, robos o hurtos. Debe ser la única vía de demostrar la conducta delictiva.
- El contenido debe demostrar de forma fehaciente una realidad delictiva evidente.
Como vemos, el uso de cámaras ocultas tiene muchos matices, sobre todo si se pretende usar su contenido como prueba en un juicio. Aunque la ley lo regula de forma leve, sí existen casos específicos y jurisprudencia de sobra. Por eso es conveniente que, antes de proceder de forma privada, se consulte con un detective privado profesional que conozca bien el ámbito y pueda juzgar si es adecuado o no la utilización de esta técnica.
Normativa de las cámaras ocultas usadas por detectives privados
La obtención de pruebas con cámaras ocultas está basada en diversos preceptos que todo detective privado ha de tener en cuenta para que puedan servir, por ejemplo, en un proceso. son las siguientes tres:
- Principio de proporcionalidad: la grabación de imágenes se limitará a la zona bajo sospecha y tendrá una duración temporal limitada.
- Principio de idoneidad: se verificará que se produce la conducta irregular de la que se sospecha.
- Principio de necesidad: será la única forma de demostrar que una persona realiza acciones irregulares, por lo que sí se aceptará como prueba.